La institucionalidad de la soberanía popular frente a la cofradía dirigencial.

Desde los tiempos de la organización nacional, Corrientes levantó la bandera del federalismo, sin embargo en el ámbito provincial la clase dirigente no siempre abonó con la acción ese principio. Una dicotomía política que sobrevive hasta nuestros días. El autor reflexiona sobre el traumático proceso de institucionalidad y representatividad.

Los correntinos vivimos en una eterna confusión de ideas. Esto, sin lugar a dudas, pone a nuestra provincia en la disyuntiva política de consolidar la institucionalidad como pilar de la democracia representativa y plural, en consonancia con los tiempos que la sociedad, en permanente movimiento, exige a sus gobernantes. No podemos permitirnos los ciudadanos, como eje central de la razón de ser del Estado, que aparezca un lenguaje en el arco político que, por su altisonancia, cree en el imaginario colectivo más dudas que certezas que somos dentro del contexto nacional una provincia autónoma en el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones como parte de la República.

No somos ni nostálgicos ni fundamentalistas de nuestro pasado histórico, como fundamento de señalar hechos desgraciados y trágicos que la clase política provocó, iniciando un derrotero institucional de inestabilidad de proporciones mayúsculas que no ocultan un exacerbado individualismo cegado por el odio contra el que se oponía a su color partidario o a sus postulados dogmáticos.

La provincia no pudo sortear el influjo de la política centralista de Buenos Aires, que dominaba desde ese punto geográfico el espacio territorial llamado provincias Unidas del Río de la Plata consagrándose, junto con otras opositoras, soberana de sus decisiones y eludiendo concurrir al Congreso convocado en la ciudad de Tucumán, que proclamó la Independencia el 9 de Julio de 1816.

En ese contexto, la política de los gobiernos patrios se instrumentó a partir de una dialéctica de imposiciones amigo -enemigo que desembocó en sangrientas luchas civiles por contrapuestas posiciones de los máximos referentes de los estados provinciales que enfrentaron el unitarismo absolutista (aduana porteña), que sometió a la pobreza al frenar el desarrollo productivo de las economías regionales.

En tal sentido, Corrientes observaba que la actividad política, que es un producto cultural del hombre para dirigir o gobernar la acción del Estado como factor imprescindible entre los actores sociales para que, juntos, alcancen los beneficios de una sociedad más justa y solidaria, era pura teoría porque, en los hechos, los poderes constituidos concentraban los privilegios y recursos para unos pocos favorecidos en el país.

Seguramente debemos señalar como increíble los criterios ambivalentes que dominaron el pensamiento de nuestros dirigentes en los períodos de nuestra organización provincial y nacional en el proceso institucional como ordenamiento jurídico político del Estado. En el caso de Corrientes, nuestra idea rectora fue ser federal como pertenencia de un sentir de libertad e igualdad de los pueblos para desarrollarse económicamente. El contrasentido fue que nuestros gobernantes y la clase dominante lucharon a favor de los unitarios, siendo la provincia y sus ejércitos, diezmados e invadidos en reiterados enfrentamientos por las tropas federales.

El sujeto político se envolvió en el fragor de las disputas internas que fracturaron la sociedad en posiciones irreductibles que extrapolaron sus ideales con un karma errático y antihistórico como parte de la Nación Argentina, al promover los gobiernos provinciales la ineluctable actitud de permanente oposición al orden establecido en la república, por lo cual sucumbimos por nuestras propias torpezas a los dictados del poder central de la ciudad puerto (Buenos Aires), que ayudamos con la sangre de nuestros comprovincianos a ser la gran protagonista del país hasta nuestros días.

Pero el pueblo correntino tuvo, entre sus hijos, paradigmas de inclaudicables convicciones que amalgamaron en sus identidades la actitud autónoma y libertaria en el pronunciamiento, como Estado provincial dentro de una misma nación; dejando como legado una impronta de nobles principios de lo público y lo privado asentados en el comportamiento ético y valores republicanos que, despojados de todo interés particular, su entrega estuvo al servicio del bienestar general de los ciudadanos y la grandeza de Corrientes, a saber: Ferré, Pujol, Virasoro, Quijano, Velasco y Piragine Niveyro.

No quiero caer en la desesperanza que, todo tiempo pasado fue mejor, porque los hechos tienen sus singularidades en el tiempo histórico que ocurrieron, lo que sí tengo que afirmar, que cada uno de los acontecimientos tuvieron en los hombres públicos la fuerza de la superación frente a las complejidades políticas económicas y sociales que enfrentaron. Esta actitud nos indica que la esperanza es una conjunción de esfuerzo y lucha de los pueblos para derrotar las injusticias que los malos gobiernos imponen.

La provincia es sinónimo de pueblo, como consigna irrefutable de su acción movimientista que corporiza y despliega a través del lenguaje, la cultura y costumbres que se arraigan en un mismo espacio territorial, en el cual se conjuga, por su propia naturaleza política, transformar el contorno erigiéndose como un constructor de la realidad social y económica, y así desarrollar las actividades productivas que den sustentabilidad y crecimiento para alcanzar una vida plena, espiritual y material en una comunidad organizada; si los institutos creados por la sociedad desvirtúan su funcionamiento ético se impone que los ciudadanos, por derecho soberano, revoquen el mandato de sus representantes sin concesiones de ningún tipo.

Por eso sostengo que la gobernabilidad se sustenta en la responsabilidad de los actores sociales y políticos, porque la República surge de la soberanía popular, consagrando al ciudadano como factor y fundamento de las decisiones que, por propia voluntad y elección, no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes.

En este tiempo de democracia que transitamos, con todo rigor, la partidocracia y lo que ella representa como eje de la actividad política, como identidad de la participación ciudadana, señalaremos que, como creación cultural del hombre, adolece de imperfecciones que, con el paso del tiempo, no se subsanaron, por contrario, se profundizaron a tal punto que se entronizaron círculos o grupos que degradaron a esta organización en su sentido plural e ideológico.

Lamentablemente las crisis recurrentes de la institucionalidad correntina la colocan a la vanguardia de la intolerancia política que, junto a la falta de formación cívica, han generado en el imaginario ciudadano la indiferencia por la cosa pública; esta intencionalidad no es una casualidad en la política provincial sino que fue impuesta por un modelo perverso conservador que la utilizó por décadas, a modo de sojuzgar al soberano, para detentar el poder público como privilegio sectorial.

En los hechos, los gobiernos son instrumentos de cofradías dirigenciales que, arrogándose una identidad partidaria, han conculcado los derechos naturales de los ciudadanos al distorsionar el sentido ético de toda actividad republicana, que no es otra cosa que ceñirse a la ley como servidores públicos y al pueblo en la planificación de políticas de Estado, que otorguen igualdad de oportunidades, salarios y jubilaciones dignos, gobernar es dar trabajo, salud para todos, educación para ser libres de oportunistas y corruptos. Si no cumplen con estas premisas, deberían seguir el camino del retiro, porque más temprano que tarde el pueblo le señalará el rumbo con el consecuente castigo.