El manejo de los fondos reservados destinados a funcionarios nacionales, provinciales y municipales, son cuestiones que cíclicamente forman parte de la nutrida agenda de temas insólitos de nuestra Argentina en general y de las provincias en particular.

Creados allá por 1969, durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, nunca se logró una definición demasiado clara sobre su utilización. Sí llama la atención que todos los gobiernos democráticos posteriores y en particular los del matrimonio Kirchner, que tienen como premisa denostar todo lo castrense, han capciosamente “olvidado” su origen, espero no estén haciendo un uso espurio de ellos, aunque ruego a ustedes acepten mis serias dudas.

También es de tener en cuenta que de ninguna de las gobernaciones se ha impulsado la derogación de la ley que los establece ¿cuál será la razón?

De esa plata se sabe muy poco y, en un país con el nivel de corrupción que tiene el nuestro, las sospechas crecen en forma exponencial.

Durante varios momentos de la vida de los argentinos se agitan las aguas acerca de la transparencia en el uso de los dineros públicos. Cientos de episodios han sido detonantes, las declaraciones juradas patrimoniales de presidentes, gobernadores intendentes y funcionarios, han mostrado la inclusión, como suma incorporada a sus emolumentos, del dinero proveniente de ésos fondos reservados. A partir de allí, se han comenzado a conocer algunas de las cifras que funcionarios de todo nivel perciben como sobresueldo. Ésas cifras son, por lo común, extremadamente altas.

El tema plantea dos cuestiones esenciales:

La primera, si es correcto o no que se utilicen los fondos reservados como sueldo de los funcionarios. La respuesta es categórica: NO.

Un gobernador, por ejemplo, debe ganar un buen sueldo, suficiente para vivir dignamente. Cuando uno escucha que tiene asignada una remuneración como consta en su recibo de sueldo, se desprende inmediatamente que es una irrealidad.

Cuando las cosas son así, y en toda nuestra amada Argentina, las cosas son así, aparecen las “compensaciones”, los dichosos fondos reservados que, además, no están sometidos a gravámenes impositivos.

Por lo tanto, no es ilógico pensar que para un funcionario es más conveniente cobrar la mayor parte de su salario en el rubro “gastos reservados” que no están sometidos a ningún control y no pagan impuestos. La situación ideal. Un privilegio frente a la relación de cualquier ciudadano con sus deberes impositivos.

El otro tema es si la declaración impositiva de la Presidente, de un Gobernador, de un Intendente, un Ministro o un Legislador debe ser pública. Para éste gobierno Nacional y para los gobiernos provinciales, la respuesta es: NO.

A éste respecto, sería bueno mencionar lo que sucede en países del Primer Mundo, en los Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, las declaraciones de impuestos del presidente y cualquier funcionario, sea el que fuere, SON PÚBLICAS.

Se entiende que eso hace a la transparencia con la cual deben manejarse quienes tienen a su cargo la cosa pública. Justo es decir que la ley allí se cumple, no hay jueces “amigos”, que en un abrir y cerrar de ojos determinan la honestidad del inconmensurable incremento patrimonial de consortes presidenciales.

Un principio más que lógico: Se supone que quien es funcionario debe ser ante todo honesto y que, por ende, nada tiene que ocultar. Así, al hacer de dominio público su declaración patrimonial e impositiva, está dando un ejemplo a la ciudadanía. En 1973, el entonces vicepresidente de EEUU Spiro Agnew debió renunciar a su cargo por falsificar su declaración jurada al fisco. Aquí, en nuestra Argentina, ante la hipótesis de un caso similar, ¿ocurriría lo mismo?

A la luz de este tema de los gastos reservados, de todas las respuestas que esgrimen los funcionarios que con ellos cuentan, emergen dudas. Y eso es lo malo.